Regular la gestión de residuos mediante una serie de obligaciones con el objetivo de proteger los intereses generales vinculados con la salud pública y la conservación del medio ambiente. Con este objetivo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de publicar un informe sobre el Proyecto de Real Decreto (PRD) de envases y residuos de envases.

Este organismo valora de manera positiva la validez en todo el territorio nacional de la autorización de los sistemas colectivos, la inclusión de criterios de ‘ecomodulación’ en las contribuciones financieras de los productores y la introducción de medidas de salvaguarda frente a conductas anticompetitivas en los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, todas ellas recomendaciones previas de la Comisión.

Entre las principales recomendaciones se encuentra la del riesgo de intercambios de información comercialmente sensible y otros riesgos para la competencia. Para evitar malas prácticas se recomienda los modelos de responsabilidad ampliada que deberían evaluarse periódicamente; encomendar la gestión de la información comercialmente sensible a terceros independientes, así como garantizar que la información y los informes públicos no contengan ninguna información sensible.

En cuanto a los objetivos en materia de envases, la CNMC recomienda una mayor justificación de determinados objetivos de reutilización y de recogida de envases con el fin de no crear desventajas competitivas injustificadas entre diferentes envases de bebidas, tipos de productos o de envase (doméstico, comercial e industrial).

En cuanto a prevención y ecodiseño, se propone una mayor flexibilidad temporal, permitiendo planes con periodicidad inferior para poder adaptarse mejor a los cambios, así como una delimitación más precisa de las actividades permitidas.

El documento recomienda además una mayor precisión de los términos “especificaciones y precisiones” que se pueden introducir en la autorización del sistema por las autoridades autonómicas, con el objeto de evitar diferencias injustificadas a nivel territorial.

Asimismo, se valora positivamente que la contribución financiera aportada por el productor del producto establezca un sistema de bonificaciones y penalizaciones transparente respecto a los criterios de ecomodulación así como una revisión periódica de dichos sistemas.

También se propone potenciar la celebración de contratos públicos cuando las AAPP intervengan en la organización de la gestión de los residuos para abrir a la concurrencia la prestación del servicio, así como incluir la posibilidad de que las AAPP comuniquen a la CNMC cualquier indicio de prácticas anticompetitivas en este ámbito.

En cuanto a los sistemas de depósito, devolución y retorno la comisión recomienda un diseño eficiente de los SDDR y la realización de procedimientos de control con el objeto de evitar o minimizar fraudes. En el caso del SDDR obligatorio para envases de un solo uso, se recomienda una mayor justificación tanto del importe mínimo, 10 céntimos, como de la no consideración del volumen y material en este importe mínimo.