LA CNMC ANALIZA LA NORMATIVA QUE REGULARÁ LOS ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado un informe sobre el Proyecto de Real Decreto (PRD) de envases y residuos de envases. El documento detalla que en el marco regulatorio de la gestión de residuos se introduce una serie de obligaciones con el objetivo de proteger los intereses generales vinculados con la salud pública y la conservación del medio ambiente.

La CNMC ve con buenos ojos la validez en todo el territorio nacional de la autorización de los sistemas colectivos, la inclusión de criterios de “ecomodulación” en las contribuciones financieras de los productores y la introducción de medidas de salvaguarda frente a conductas anticompetitivas en los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Entre las recomendaciones que incluye el documento se encuentra el riesgo de intercambios de información comercialmente sensible y otros riesgos para la competencia. Precisamente para evitar posibles malas prácticas se establecen las siguientes medidas entre las que se encuentran los modelos de responsabilidad ampliada los cuales deberían evaluarse periódicamente; se recomienda la gestión de la información comercialmente sensible a terceros independientes, así como garantizar que la información y los informes públicos no contengan ninguna información sensible.

El documento recomienda también una mayor justificación de otros objetivos de reutilización y de recogida de envases con el fin de no crear desventajas competitivas injustificadas entre diferentes envases de bebidas, tipos de productos o de envase (doméstico, comercial e industrial).

Al respecto a las normas UNE-EN, resulta necesario determinar las obligaciones precisas en el texto normativo en lugar de remitir a normas UNE y, en caso de mantenerlas, incorporar una mención a la posibilidad de emplear estándares normativos equivalentes.

En cuanto a los planes empresariales de prevención y ecodiseño, el documento propone una mayor justificación de los umbrales para su obligatoriedad, más  flexibilidad temporal y una delimitación más precisa de las actividades permitidas. En el caso de sistemas colectivos, es necesario precisar que los costes de elaboración de dichos planes solo deberían incluir a las empresas obligadas.

A pesar de que se valora positivamente que se proponga una solución que parte del reconocimiento de la eficacia nacional, se recomienda una mayor precisión de los términos “especificaciones y precisiones” que se pueden introducir en la autorización del sistema por las autoridades autonómicas, con el objeto de evitar diferencias injustificadas a nivel territorial.

En el apartado de contribución financiera. La CNMC valora positivamente que la contribución financiera aportada por el productor del producto establezca un sistema de bonificaciones y penalizaciones transparente respecto a los criterios de ecomodulación. Sin embargo, se recomienda revisar dicho sistema periódicamente para garantizar su transparencia.

También en materia de garantía financiera, se propone una mayor precisión de la fórmula de cálculo, la libertad de elección de la modalidad de garantía y la posibilidad de incluir criterios de ecomodulación en su reparto.

En relación con los convenios de las Administraciones Públicas con los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, el documento recoge la potenciación de contratos públicos cuando las AAPP intervengan en la organización de la gestión de los residuos para abrir a la concurrencia la prestación del servicio, así como incluir la posibilidad de que las AAPP comuniquen a la CNMC cualquier indicio de prácticas anticompetitivas en este ámbito.

Por último, en relación con los sistemas de depósito, devolución y retorno, el informe recomienda un diseño eficiente de los SDDR y la realización de procedimientos de control con el objeto de evitar o minimizar fraudes.