INDUSTRIA DA DE PLAZO HASTA FINAL DE AÑO A ALCOA PARA RESOLVER LA SITUACIÓN DE SU PLANTA DE LUGO

El Gobierno central reclama a Alcoa la devolución de 34 millones de euros de ayudas por compensaciones de CO2. Lo ha hecho a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que tumbó el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa había presentado para 524 trabajadores. La decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo. El despido colectivo incumplía un requisito de esas subvenciones, que era el de mantener el empleo durante tres años.

El conflicto comenzó hace año y medio, cuando Alcoa anunció su intención de cerrar la planta de aluminio primario y despedir a la plantilla. Se abrió en agosto y septiembre del año pasado un periodo de negociaciones para vender a Liberty House que no llegó a buen puerto. En enero de 2021, tras la anulación del ERE, la empresa aceptó de nuevo sentarse a negociar una posible venta, pero tampoco ha habido ningún acuerdo hasta el momento. Ante la falta de avances, los trabajadores retomaron el pasado mes de septiembre la huelga y las protestas.

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Precisamente, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha acusado a Alcoa de ser «el problema» para despejar el futuro de la fábrica de aluminio primario que tiene en la comarca de A Mariña, en la provincia de Lugo. El Ministerio le ha dado a la empresa de plazo hasta finales de diciembre para que dé una respuesta para intentar poner fin a un conflicto que se prolonga desde hace año y medio y que amenaza más de medio millar de empleos directos.

Según un comunicado de la compañía, el despido colectivo se propuso por la situación insostenible de la planta de aluminio de San Ciprián, que ha generado pérdidas de aproximadamente 160 millones de euros en los últimos tres años (2018-2020) por la falta de un marco energético competitivo en España. “Este problema persiste y se ha agravado significativamente en los últimos meses, con una previsión de precio de energía en el cuarto trimestre de 2021 para la planta de aluminio por encima de los 170 €/MWh, lo que confirma aún más la inviabilidad de la planta en las circunstancias actuales”, añaden.

A pesar de la difícil situación, Alcoa afirma que nunca ha propuesto cerrar la planta y ha ofrecido numerosas alternativas razonables, como un ERTE y mantener las cubas de electrólisis en condiciones de reinicio, una venta a SEPI para una transferencia posterior a un tercero, o la posibilidad de una venta directa a un tercero si la planta obtiene previamente acceso a un marco energético competitivo.

No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo no altera la situación de inviabilidad de la planta de aluminio, que persiste y se ha agravado en los últimos meses por la falta de un marco energético competitivo.