LA INDUSTRIA DEL MAR PARALIZARÁ SUS INVERSIONES AL NO CONTAR CON LOS FONDOS PERTE

Anfaco y Conxemar han decidido sus unir fuerzas frente a un enemigo común. Ambas asociaciones. Tienen una razón de peso para hacerlo, la industria del mar (empresas de elaboración de pescado y marisco, conserveras, depuradoras…) se ha quedado fuera del PERTE Agroalimentario impulsado por el Gobierno y, en general, de los fondos Next Generation.

Precisamente, una normativa comunitaria que define la compatibilidad de ayudas en el mercado interior y que excluye al sector de la pesca y acuicultura tiene la culpa. Tras el anuncio, ahora las patronales confían en alcanzar una “excepción” para no quedarse excluidas y poder entrar en las citadas convocatorias. De lo contrario, las inversiones previstas en materia de digitalización, ahorro energético, reducción de la huella medioambiental o, en general, la actualización de factorías, estarían en grave peligro y quedarían totalmente paralizadas. Al respecto el presidente de Conxemar, Eloy García señaló: “No se puede dejar fuera las inversiones en sostenibilidad a todo un sector; no lo entendemos”.

Las empresas de la cadena mar-industria solo podrán optar a las ayudas que tengan que ver con el I+D, es decir, las que ya venían disfrutando con otros programas ya existentes, pero no a nuevas.

La publicación en el BOE, 1 de agosto, de las bases reguladoras que establecen los requisitos para la concesión de las primeras ayudas del PERTE Agroalimentario, con un presupuesto de 500 millones, establece que el dicho sector se queda fuera. La patronal conservera y la de la industria transformadora y del congelado confían en encontrar una solución jurídica.

Tanto Alonso como García, califican la situación como “gravísima”. “Ha habido llamadas de socios porque hay empresas que tenían en marcha proyectos importantes”, explica el presidente de Conxemar, que entiende que esta situación “lógicamente lleva a paralizar inversiones. Nadie se podía imaginar esto”.

El PERTE Agroalimentario cuenta con un presupuesto de inversión pública inicial de 1.000 millones de euros hasta 2023, y otros 800 millones adicionales. Un dinero que para la industria del mar queda en el aire.